
Secuestro
La propuesta de cambios en la ley de los SAR para que las Afores puedan invertir los fondos de pensiones en proyectos privados de infraestructura a través de la Bolsa ha causado escepticismo e indignación. No queda claro mediante qué mecanismo se va a proteger los recursos de los trabajadores e incluso el PAN admite que los que cargarán con los riesgos de pérdida son éstos.
Por tanto, los primeros consultados deberían ser los trabajadores porque se trata de su patrimonio. Recordemos que las leyes del IMSS y del ISSSTE hacen obligatoria la contribución obrero-patronal a una cuenta individual administrada por una Afore. Es equivalente a un impuesto que se entrega al sector privado que cobra mucho dinero para administrarlo.
Actualmente cobran entre 1.17 y 1.96% sobre el monto de la cuenta del trabajador con independencia de su nivel de rendimiento. Pero el problema no termina allí.
A partir de 2008 el trabajador no tiene posibilidad de elegir si invierta su dinero en fondos de alto y bajo riesgo. Se le asigna automáticamente a uno de cinco regimenes por su edad; los más jóvenes van al fondo de alto riesgo “SB5” y los más viejos al de menor riesgo “SB1”.
El trabajador sólo puede “elegir libremente” su Afore mediante un trámite nada sencillo. En el caso de que quiera cambiar de Afore únicamente puede hacerlo cada año o, excepcionalmente, cada 12 meses (sic) cuando su Afore tiene bajos rendimientos (art. 41 Reglamento I y II).
Los cambios propuestos a la ley de los SAR, al igual que todo el marco legal, no aportan ningún beneficio al trabajador porque tiene un vicio de origen. Sigue la doctrina neoliberal donde las ganancias son para los grupos financieros y las pérdidas para los trabajadores. Y éstos sólo pueden defenderse contra la economía de Casino con la movilización.
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