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Control sobre el alcohol
No se trata de prohibir la venta o consumo de alcohol en el DF, sino de inhibir que los jóvenes tengan fácil acceso y, sobre todo, evitar el que sean víctimas de las adicciones. ¿Por qué el comentario?, por la intención de algunos diputados a la Asamblea Legislativa de reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles, para ampliar los horarios de funcionamiento de los antros y la venta de bebidas alcohólicas sin restricción, con el argumento de estimular su desarrollo económico. No hay ningún problema porque se piense en activar a este sector tan golpeado por las tres crisis modernas: la económica internacional de la que no somos ajenos; la sanitaria por la aparición del virus AH1N1; y la de la corrupción de que son víctimas de malos funcionarios. La propuesta que no toma en cuenta el consenso generado para la expedición de la Ley en la materia va en sentido contrario a la esencia misma de la norma, que es la protección y salvaguarda de quienes acuden a divertirse a esos lugares. Ello pone en duda no sólo las verdaderas intenciones de los legisladores, que no consideran que sólo estimularán un mayor consumo de alcohol, mayores riesgos de accidentes y daños a la salud, entre quienes acuden a estos lugares en busca de distracción y esparcimiento. Es alarmante que más de la mitad de los adolescentes de entre 12 y 17 años han consumido alcohol a pesar de que la venta y distribución está prohibida a menores de 18 años, como lo reveló la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 dada a conocer recientemente. Otro dato indica que el 30 por ciento de los suicidios y el 50 por ciento de delitos, se cometieron por personas alcoholizadas. Las estadísticas son implacables para echar abajo la posibilidad de ampliar los horarios de los antros y la venta irrestricta de bebidas alcohólicas, toda vez que los accidentes y actos violentos relacionados con alcohol son la primera causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años; además que un 75% de los accidentes mortales sucede tras el cierre de bares, lo que exhibe la urgencia de más controles. Sobre la vida de la población no hay argumentos económicos que valgan más la pena, por lo que pareciera que quienes proponen dejar a los establecimientos mercantiles sin ley, no valoran la protección y seguridad de los capitalinos.
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