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La Ley de Asociaciones Público-Privadas
El PRIAN está tratando de pasar “fast track” la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) en el Senado. Con esta ley se hipotecaría el país y los servicios públicos por décadas. Los ganadores serían como siempre los grandes capitales nacionales y extranjeras y los perdedores el pueblo de México. La LAPP legaliza contratos semejantes a los que se firman con los bancos para pagar, por ejemplo, una casa o un coche. Con estos contratos se paga mucho más cara la deuda que se contrae porque los intereses son más altos en manos de la IP que con el gobierno. Se legalizan para todo tipo de servicios públicos –agua, hospitales, carreteras, escuelas, etcétera—que se construyen y administran por las grandes empresas privadas por un lapso de 30 a 50 años. Es un mito que los contratos ponen a disposición del gobierno más dinero para la inversión ya que se tienen que pagar mes con mes a expensas de otros gastos. Sólo se pospone al futuro el pago de la inversión y se comprometen a los gobiernos que vienen. Aunque parezca increíble por cada peso invertido en construcción se pagarían de cinco a trece veces más. Por ejemplo, la construcción del Hospital de Alta Especialidad en León costó 603.7 millones y lo pagaremos, con intereses y administración, en 7.7 mil millones durante 25 años, o sea trece veces más. Y sólo funciona a un tercio de su capacidad de atención lo que desmiente que el IP es mucho más eficiente. El esquema de APP está cuestionado en todo el mundo justo cuando México trata de legalizarlo, tarde y mal. Exigimos a los representantes electos que no embarquen a nuestro país en una ruta de entrega total a los servicios públicos a empresas cuyo objetivo es el lucro y no el bienestar de todos los mexicanos. Está en juego la energía, el agua, el transporte, la salud y la educación.
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